Retos laborales y nueva regulación del greenwashing en el sector alimentario español
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La jornada "Reflexiones de actualidad en el sector alimentario en España" analizó el escenario normativo que afronta la industria agroalimentaria. Organizada en colaboración con la firma Garrigues, la jornada contó con ponentes que profundizaron sobre las consecuencias de llevar a cabo prácticas de greenwashing y desgranaron los retos laborales a los que hace frente el sector.
• El riesgo de la imprecisión en los mensajes de sostenibilidad. El empleo de términos como “bio”, “eco”, “natural” o “sostenible” sin una base científica provoca que el consumidor malinterprete el mensaje, multiplicando el peligro de cometer greenwashing por parte del productor.
• Sanciones severas y control científico de las declaraciones ambientales. La nueva regulación de la Unión Europea prohíbe las promesas ambientales sin datos y exige que cualquier green claim cuente con verificación científica, bajo multas que pueden ascender a 10.000 euros o al 4% del volumen de negocio anual de la empresa.
• Nuevas exigencias en compliance y gestión de jornada. El año 2026 introduce retos cruciales como el registro telemático de jornada monitorizado por la Inspección de Trabajo, planes de movilidad sostenible obligatorios y la gestión de riesgos psicosociales.
El panorama del sector agroalimentario ante los cambios normativos, medioambientales y laborales fue, junto con Mercosur, otro de los grandes temas que se debatieron en la jornada "Reflexiones de actualidad en el sector alimentario en España", organizada por Ibercaja y el despacho Garrigues.
Sostenibilidad y el fin de las declaraciones ambiguas
Victoria Gigante, asociada principal de Garrigues, condujo la primera parte de la jornada que estuvo centrada en la complejidad de los mensajes sobre sostenibilidad. Gigante alertó sobre los riesgos al emplear términos como 'BIO', 'ECO', 'NATURAL' o 'SOSTENIBLE'. Mientras que 'BIO', 'ECO' y 'SOSTENIBLE' cuentan con un marco regulatorio estricto en la UE, el vocablo 'NATURAL' carece de definición legal. "Si el productor duda del término, el consumidor interpretará, y en esa interpretación es donde nace el riesgo", advirtió, destacando la necesidad de una total claridad.
En este contexto, eliminar las prácticas de greenwashing es un objetivo central para los reguladores. Gigante identificó tres situaciones de riesgo:
• la promesa sin datos,
• el uso de datos técnicos orientados a engañar, y
• la atribución de virtudes corporativas asociadas al producto.
La nueva directiva europea introduce un control exhaustivo mediante listados de términos y la regulación de las green claims. A partir de ahora, toda declaración ambiental debe ser verificada científicamente; de lo contrario, las empresas se exponen a sanciones de hasta 10.000 euros o multas equivalentes al 4% del volumen de negocio anual por publicidad engañosa.
Para mitigar estos riesgos, la experta propuso cinco cuestiones que deben responderse antes de poner en marcha cualquier declaración de sostenibilidad:
• ¿Puedo demostrarlo?
• ¿Es específica?
• ¿Se refiere al producto o a la empresa?
• ¿Compara de forma objetiva y justa?
• ¿Ha pasado por el departamento de Legal?
“La revisión legal de los mensajes sobre sostenibilidad garantiza la protección frente a las sanciones contra el greenwashing. O lo puedes demostrar o no lo puedes utilizar”, concluyó.
El nuevo horizonte laboral agroalimentario
Por su parte, Juan Grangel, socio de Garrigues, centró su intervención en las tendencias laborales del sector en 2026. El marco jurídico actual se caracteriza por una marcada sobrerregulación, inseguridad jurídica, litigiosidad laboral y absentismo. Ante esto, los objetivos prioritarios deben enfocarse en mejorar la competitividad, la productividad, estabilizar y profesionalizar el empleo y garantizar la seguridad jurídica bajo normas que tengan en cuenta las especialidades del sector.
En su intervención también expuso los obstáculos a los que se enfrenta el sector, entre los que destacan el incremento de los costes laborales, la reducción de la jornada laboral, los mayores costes por indemnizaciones de despido, la falta de mano de obra, rigidez en la contratación y el aumento de la siniestralidad.
Para concluir, subrayó la urgencia de estructurar planes de acción frente al absentismo mediante medidas de control, formación y calidad laboral. "Los principales retos en materia de compliance del sector son aquellos relativos a la política retributiva, los riesgos psicosociales y el acoso", zanjó, instando a las empresas a actuar de manera proactiva.
Un sector de empresas familiares
Ramón J. Gómez, socio responsable de Garrigues en Zaragoza, recordó que hablar de agroalimentación en Aragón es hablar de empresa familiar. Sus desafíos abarcan logística, digitalización y relevo generacional. En el plano fiscal, Gómez puso en valor la Ley de Apoyo a la Empresa Familiar de Aragón, “una norma que no busca una mera rebaja impositiva, sino garantizar la seguridad jurídica en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Esto ha reducido la litigiosidad y desbloqueado el salto generacional, marcando tendencia en el resto de España”.
Ante estos retos normativos, Antonio Lacoma, director territorial de Ibercaja en Aragón, destacó que el sector se ve afectado por unas altas exigencias de competitividad, rentabilidad y sostenibilidad y recordó que Ibercaja mantiene intacto su compromiso con el campo y que pervive 150 años después.
