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La movilidad ha pasado a un primer plano dentro de las empresas desde la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible. Ahora es una materia obligatoria dentro de la negociación colectiva y, antes de que termine este año, numerosas empresas deberán contar con un Plan de Movilidad Sostenible al Trabajo. Por tanto, la movilidad pasa a ser un aspecto más de la gestión de las empresas. Pero esta es solo una parte del alcance que tiene la Ley de Movilidad, articulada en cuatro pilares: la movilidad como derecho social, una movilidad limpia y saludable, un sistema de transporte digital e innovador y una inversión pública orientada al valor social.
• La Ley 9/2025 de Movilidad Sostenible se articula en torno a cuatro pilares: derecho social, movilidad limpia, transporte digital e inversión orientada al valor social.
• La negociación colectiva incorpora la movilidad sostenible al trabajo como contenido propio de los convenios.
• Los centros de trabajo con más de 200 personas trabajadoras o más de 100 por turno deben aprobar un Plan de Movilidad Sostenible al Trabajo (PMST) antes de diciembre de 2026, negociado con la representación legal de la plantilla.
• La ley fija una jerarquía de modos obligatoria: movilidad activa, transporte público, alta ocupación y, en último lugar, vehículo privado de menores emisiones.
• Un PMST eficaz combina medición de la huella de carbono, priorización de la movilidad activa y el transporte público, electrificación y uso compartido de la flota, multimovilidad digitalizada y beneficios sociales vinculados al transporte sostenible.
Los principios sobre los que se asienta la Ley 9/2025 de Movilidad Sostenible tienen una traducción muy concreta en el día a día empresarial: obligan a las compañías a repensar cómo se mueven sus plantillas, qué flotas utilizan, cómo gestionan los datos de movilidad y qué papel desempeñan los desplazamientos en su estrategia de sostenibilidad.
Antes de diciembre de 2026, las empresas tienen que hacer dos cambios respecto a la movilidad colectiva.
• Negociación colectiva obligatoria. La movilidad se ha convertido en objeto de negociación colectiva por lo que las comisiones negociadoras deben acordar soluciones que impulsen el transporte colectivo, la movilidad de bajas emisiones, la movilidad activa y la movilidad compartida. La cuestión entra así en el diálogo social con la misma naturaleza que otros aspectos como la jornada laboral, el salario o la conciliación.
• Plan de Movilidad Sostenible al Trabajo (PMST). Los centros de trabajo con más de 200 personas trabajadoras, o con más de 100 por turno, deberán disponer de un PMST negociado con la representación de la plantilla. Estos planes son herramientas operativas que tendrán que diagnosticar los patrones de desplazamiento actuales, fijar objetivos medibles de reducción de emisiones y contemplar medidas concretas.
“La movilidad sostenible ya forma parte de la estrategia empresarial, no solo por exigencia normativa, sino como palanca de eficiencia y competitividad.” Afirma Teresa Fernández, directora de Banca de Empresas de Ibercaja.
Además de estos dos cambios importantes para las empresas, que deben implementarse antes de diciembre de 2026, la Ley de Movilidad establece otras obligaciones en materia de transporte.
• Cambios en la gestión interna. Para cumplir con este punto, las empresas deberán designar un responsable interno de movilidad, medir la huella de carbono asociada a los desplazamientos de la plantilla y replantear la política de flota y de vehículos de empresa.
• Jerarquía de modos. Cualquier estrategia de movilidad corporativa deberá respetar el orden de prioridad que fija la ley: primero la movilidad activa, después el transporte público colectivo, a continuación, los esquemas de alta ocupación y, en último lugar, el vehículo privado de menores emisiones.
• Régimen sancionador. La norma establece un régimen sancionador por no disponer del PMST en plazo o por suministrar datos falsos al sistema público de información sobre movilidad, entre otras.
• Grandes centros de actividad. El Gobierno podrá obligar de manera directa a determinados centros de trabajo como hospitales, centros comerciales o parques empresariales a aprobar su propio Plan de Movilidad Sostenible y designar a un gestor de movilidad responsable.
Para integrar movilidad y sostenibilidad en la gestión corporativa una empresa puede adoptar diferentes prácticas:
1. Medir antes de decidir. El diagnóstico es el primer paso antes de la implantación de medidas de movilidad y del desarrollo de un PMST. En el caso del transporte, la recopilación de datos sobre los trayectos de la plantilla (origen-destino, modo de transporte, frecuencia, tiempos) y traducirlos en toneladas de CO₂ equivalentes es uno de los principales puntos de partida.
2. Priorizar la movilidad activa y el transporte público. Las empresas pueden adoptar medidas para impulsar la movilidad activa como ayudas al abono de transporte público, la instalación de aparcamientos seguros para bicicletas, los vestuarios para quienes llegan en bici o el diseño de rutas peatonales seguras dentro de parques empresariales. Estas medidas pueden tener un retorno alto en emisiones evitadas por euro invertido.
3. Electrificar y compartir la flota. La transición hacia vehículos con etiqueta Cero o ECO es la principal palanca de descarbonización y, a partir de 2035, con la prohibición de venta de vehículos nuevos con emisiones de CO₂ que dicta la Unión Europea será una obligación. Mientras tanto, soluciones de carsharing corporativo, carpooling entre empleados y flexibilidad en los horarios para facilitar el transporte de alta ocupación, están ya en marcha con éxito.
4. Apostar por la multimovilidad y la digitalización. La normativa consagra la movilidad compartida y colaborativa como parte del sistema de transporte. En la práctica, esto se traduce en contratar partners de multimovilidad que integren distintos modos de transporte en una sola plataforma y que permitan al equipo financiero y de sostenibilidad disponer de un único cuadro de mando con el gasto, los kilómetros recorridos y la huella asociada.
5. Convertir la movilidad en beneficio social. La elección de formas de movilidad más sostenibles puede traducirse en beneficios sociales para la plantilla. Por ejemplo, ofrecer saldos mensuales en plataformas sostenibles, vales para transporte público o ayudas a la micro movilidad pueden formar parte dentro del paquete retributivo flexible de las empresas. Estas medidas tienen un beneficio reputacional al reforzar el valor de la empresa como marca empleadora comprometida con el medioambiente.
Además, disponer de una estrategia de movilidad sostenible bien documentada mejora la posición ante procesos de licitación con criterios ESG, facilita el acceso a financiación sostenible (bonos verdes, préstamos vinculados a indicadores de sostenibilidad) y reduce costes operativos a medio plazo gracias a flotas más eficientes y a una menor dependencia de combustibles fósiles.
En un escenario de Zonas de Bajas Emisiones cada vez más extensas, regulación europea endurecida y mayor exigencia de los mercados de capitales, las compañías que se anticipen tendrán una ventaja difícil de igualar.